De Nixon a Trump
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on December 9, 2019
Hoy lunes a las 9 de la mañana (EST), con el malletazo del presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara federal Jerry Nadler (D-NY), dio inicio la que aparenta ser la última vista pública sobre el residenciamiento de Donald Trump; antes de que comience la votación sobre cada uno de los artículos de residenciamiento que, a todas luces, se le formularán al cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos.
¿Y quiénes depusieron en esta vista?
Barry Berke, asesor legal de la mayoría demócrata en la Comisión de lo Jurídico; Stephen Castor abogado de los republicanos en la Comisión de Inteligencia, así como en la de lo Jurídico; y Daniel Goldman, actual consultor jurídico de la mayoría demócrata en la Comisión de Inteligencia (quien como fiscal federal en Nueva York procesó a varios capos de la cosa nostra).
¿Y qué pasó?
Que ni Castor ni Doug Collins (R-GA) (portavoz de la minoría republicana en la Comisión de lo Jurídico), aun valiéndose de toda una caterva de artimañas procesales huecas, pudieron desenredar los entuertos que hoy acorralan a Donald Trump.
¿Y cuáles son esos entuertos?
Que el 25 de julio de 2019 Trump llamó al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para extorsionarlo: únicamente si procesas criminalmente al hijo de Joe Biden te enviaré la ayuda económica y militar que el Congreso ya aprobó para Ucrania. Y la transcripción de la llamada está ahí a la vista de todos — amén de toda la evidencia testifical vertida por múltiples funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional (nombrados bajo administraciones demócratas y republicanas), quienes bajo juramento han declarado que, en efecto, Trump y su cantinflesco abogado Rudolph Giuliani andaban extorsionando ilegalmente al recién inaugurado presidente ucraniano.
Ahora que estamos en las postrimerías del proceso en la Cámara, y que se avecina a gran velocidad la fase decisiva del juicio en el Senado (como establece el Artículo I, Sección 3 de la Constitución federal) resulta imprescindible pasar revista sobre las siguientes observaciones:
Primero, el juicio en el Senado es uno eminentemente político, no sujeto a las reglas ordinarias de procedimiento y evidencia.
Segundo, el poder del Congreso para investigar y requerirle información a la rama ejecutiva es consustancial con su rol constitucional. Así ha sido reconocido desde el primer cuatrienio del presidente Washington, cuando el Congreso en 1792 sin encomendarse a nadie inició su investigación contra el general Arthur St. Clair.
Y tercero, Richard Nixon y Watergate se quedan chiquitos al lado de Donald Trump y su corrupción.
Lo de Nixon fue una torpe estratagema doméstica para espiar a los demócratas; lo de Trump ha sido abusar de su rol de jefe de estado para desde allí conspirar del lado de naciones foráneas enemigas de los Estados Unidos para destruir a sus adversarios políticos domésticos.
Y tal abuso de confianza, como advirtió Hamilton en 1788 durante el fragor de los debates que antecedieron a la ratificación de la Constitución, únicamente se restituye con el residenciamiento y destitución de Donald Trump.