Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on September 26, 2019

Desde el momento mismo que se firmó la Constitución de los Estados Unidos (17 de septiembre de 1787) hasta nuestros días, la afilada guillotina del residenciamiento presidencial (impeachment) solamente ha visto la luz en dos y media ocasiones.

El primer presidente arrastrado al cadalso del residenciamiento en la Cámara federal fue Andrew Johnson el 24 de febrero de 1868.

¿Y quién fue Andrew Johnson?

El innoble sucesor de Abraham Lincoln.

Johnson era quien ocupaba la vicepresidencia la noche que John Wilkes Booth apretó el gatillo en el Teatro Ford (14 de abril de 1865). 

Totalmente opuesto al proceso de reconstrucción que había echado a andar el Congreso republicano, que contemplaba la concesión de la ciudadanía americana a la población negra a través de la ratificación de la decimocuarta enmienda, Johnson pronto se enfrascó en una lucha campal con el Congreso que desembocó en la aprobación de 11 artículos de residenciamiento en su contra.

La trifulca se trasladó entonces al Senado, donde el juicio político contra Johnson comenzó el 27 de febrero de 1868 bajo el mallete del entonces juez presidente Samuel Chase.

Los cargos que pesaban en contra de Johnson, mayormente ceñidos a su despido del secretario de la guerra Edwin Stanton, se hicieron sal y agua en el Senado. 

Allí Johnson salió absuelto por 1 voto. Faltó 1 voto para llegar a la mayoría de dos terceras partes del Senado para destituirlo (en Puerto Rico son tres cuartas partes).

Ciento cuatro años más tarde una pandilla de rateros, con venia presidencial, escalaron las oficinas del Partido Demócrata en el Watergate.

Y en poco más de dos años la Comisión de lo Jurídico de la Cámara federal aprobó artículos de residenciamiento contra el presidente Richard Nixon por obstrucción a la justicia y perjurio.

La suerte de Nixon estaba echada. Las grabaciones de sus conversaciones en la Casa Blanca forzaron su renuncia sin necesidad de proseguir con el juicio en el Senado – del cual a todas luces iba a salir trasquilado. 

Y de ahí a Bill Clinton, quien el 8 de octubre 1998 fue residenciado por la Cámara federal para luego salir absuelto en el Senado el 12 de febrero de 1999.

Lo de Clinton fue un asunto que no revistió la gravedad constitucional de Watergate, pero que de todos modos polarizó de forma irreversible el ambiente político en los Estados Unidos.

Y entre una cosa y otra llegó la insólita era de Donald Trump. 

¿Y de qué se le acusa?

De abuso de poder. De utilizar todo el peso de la presidencia para perseguir a Joe Biden y a su hijo Hunter, y de presionar al manipulable presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que acose a los Biden a través de los tentáculos de la fiscalía de Kiev. 

¿Será residenciado en la Cámara?

Muy posiblemente.

¿Pero lo destituirá el Senado?

Difícilmente.

¿Por qué?

Porque en el Senado de los Estados Unidos aún no hay 66 senadores con la valentía y entereza moral de ponerse del lado correcto de la historia.

Rafael Cox Alomar

Rafael Cox Alomar