¿Y ahora quién está en control en la Casa Blanca?
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on October 4, 2020
La súbita hospitalización del presidente Trump muy bien podría desembocar en una de las más álgidas crisis constitucionales en la historia de los Estados Unidos.
Toda vez Marine One, con Trump abordo, despegó de la Casa Blanca rumbo a Walter Reed se abrió toda una caja de Pandora.
¿Qué sucede si la condición de Trump desemboca en fallo respiratorio y hay que entubarlo, perdiendo así control sobre sus facultades?
¿Qué pasa si se inhabilitara permanentemente a menos de 30 días para las elecciones?
¿Cómo se seleccionaría un nuevo candidato presidencial republicano?
¿Acaso se puede cambiar la fecha de la elección presidencial?
¿Qué ocurriría si falleciera después de la elección del 3 de noviembre pero antesde la votación del colegio electoral prevista para el 14 de diciembre?
¿Y si prevalece en el colegio electoral pero falleciera antes de que el Congreso certifique la votación del colegio electoral en la sesión especial del 6 de enero de 2021?
Abordar estas preguntas requiere una exploración de la topografía constitucional norteamericana.
Distinto al sistema británico, en el ordenamiento norteamericano sí existen reglas específicas sobre cómo atender el asunto de la sucesión.
La vigésimo quinta enmienda (ratificada en 1967 tras el asesinato de Kennedy) provee para que el presidente voluntariamente le transfiera todo su amplio poder al vicepresidente en caso de este estar temporeramente impedido de descargar las pesadas responsabilidades que presupone la presidencia.
Basta que el presidente le estampe su firma a una brevísima declaración a tales efectos y se la notifique a la speaker de la Cámara (Nancy Pelosi) y al presidente pro tempore del Senado (Chuck Grassley) para que Mike Pence se convierta en presidente en funciones de los Estados Unidos.
En caso de que Trump colapsara sin haber atendido la sucesión, la misma vigésimo quinta enmienda establece que el propio vicepresidente y una mayoría de los secretarios de gabinete pueden tramitar la transferencia de poder a Pence sin el concurso del presidente con solo notificarle por escrito a Pelosi y Grassley.
Cabe señalar que el mecanismo de la transferencia voluntaria únicamente se ha utilizado en tres ocasiones: en 1985 Reagan le transfirió el poder a Bush padre por espacio de varias horas mientras le removían pólipos intestinales y en 2002 y 2007 Bush hijo hizo lo propio con Dick Cheney mientras se sometía a una colonoscopía.
Llama poderosamente la atención que en 1981, cuando John Hinckley hirió de bala a Reagan, no hubo transferencia de poder a Bush padre a pesar de la gravedad del presidente y el general Alexander Haig (entonces secretario de Estado) se hizo con el poder en la Casa Blanca.
Más aún, el mecanismo de la transferencia involuntaria del poder nunca ha sido utilizado.
Si a esta altura hubiera una vacante en la candidatura presidencial (cosa que jamás ha ocurrido) le correspondería al Partido Republicano llenar esa vacante — aunque con toda certeza el nombre de Trump aparecería en las papeletas porque en la mayoría de los estados ya no hay tiempo para sustituirlo.
La fecha de la elección presidencial está sujeta al arbitrio del Congreso. No existe impedimento constitucional alguno para que el Congreso escoja otra fecha.
Si el candidato ganador falleciera (o se incapacitara permanentemente) luego del 3 de noviembre pero antes del 14 de diciembre, el escenario se complicaría enormemente porque cada estado tiene sus propias reglas con respecto a si sus electores están obligados o no a votar en el colegio electoral por el candidato que prevaleció en su estado el 3 de noviembre (y, en este caso, por su sustituto).
Si, por el contrario, el candidato que prevaleciera en el colegio electoral muriera antes de que el Congreso certifique esos resultados en su sesión del 6 de enero, con toda probabilidad el vicepresidente electo (conforme la vigésima enmienda) accedería a la presidencia en propiedad — a menos que en ausencia de tal certificación congresional no surta efecto el dictamen del colegio electoral (interrogante cuya contestación no surge del texto constitucional y que el Supremo federal aún no ha tenido oportunidad de contestar).
Y es que el experimento constitucional que Madison y Hamilton urdieron, aquel cálido verano de 1787 en Filadelfia, hoy se bate entre la mendacidad estrafalaria de Trump y el mortífero flagelo del COVID-19.