Un resbaladero electoral y moral
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on August 10, 2020
Allá para el 26 de octubre de 1899, en medio de la muerte y desolación que dejó a su paso el imbatible huracán San Ciriaco (8 de agosto de 1899), se celebraron en Puerto Rico las primeras elecciones bajo la bandera americana y la bota del gobernador militar de triste recordación George Davis.
Aquellas caóticas elecciones municipales, que la historia inmortalizó como las de los 100 días (porque duraron hasta el 5 de febrero de 1900), estuvieron repletas de “tumultos salvajes y choques cruentos” en palabras de Luis Muñoz Rivera. (Véase Campañas Políticas a la pág. 192).
Para el héroe moral de Barranquitas aquello se trató de “100 batallas campales” -libradas en medio del fraude, la corrupción y la anulación ilegal del derecho al voto de miles de puertorriqueños- a quienes las autoridades militares norteamericanas le negaron el voto a pesar de haber ejercido el sufragio en las elecciones autonómicas bajo España de 27 de marzo 1898.
Así las cosas, ante el resbaladero electoral y moral que protagonizó ayer la Comisión Estatal de Elecciones (en pleno Siglo 21), bajo la presidencia temeraria e incompetente del juez Juan Ernesto Dávila (nombrado por el desterrado Ricardo Rosselló con el consejo y consentimiento de Cámara y Senado), el caos de la elección de los 100 días se queda chiquito.
A la luz de esta crisis sin precedente en nuestra historia electoral me parece meritorio arrojar luz sobre algunas de las interrogantes que enturbian la opinión pública, salpicada por la confusión, los rumores y la desinformación.
¿Pueden los presidentes del PPD y PNP, con la anuencia del presidente de la CEE, suspender las primarias?
No.
Solo la legislatura puede dejar sin efecto y/o enmendar la resolución conjunta que le dio vida a las primarias.
Eso aún no ha pasado.
¿Pero una resolución conjunta tiene fuerza de ley?
Si.
Toda resolución conjunta, según reza la sección 18 del artículo III de la Constitución, sigue el mismo trámite de un proyecto de ley.
¿Y ahora qué va a pasar con la demanda del precandidato Pedro Pierluisi y la de la American Civil Liberties Union?
Con gran probabilidad ambos recursos se consoliden y lleguen al Tribunal Supremo de Puerto Rico por la vía del auto de certificación intrajurisdiccional.
¿Qué es eso?
Un vehículo procesal extraordinario, contemplado en la Ley de la Judicatura (artículo 3.002(f)), que establece que el Supremo podrá traer inmediatamente ante su consideración (motu propio o a petición de parte) cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia que plantee cuestiones de noveles de Derecho o que revistan de alto interés público.
Y este asunto, más que ningún otro, reviste del más apremiante interés para el país.
¿Debería la CEE divulgar públicamente resultados parciales antes que concluya el proceso en su totalidad?
No.
Tal planteamiento tiene visos de inconstitucionalidad porque da al traste con el inmutable mandato sobre la igualdad del voto, contaminando la intención del elector que aún no ha ejercido su voto porque su unidad electoral nunca abrió.
¿Pero qué rol, si alguno, juega aquí la legislatura? ¿Puede el Supremo resolver este entuerto sin contar para nada con la Legislatura?
Intimo que no.
¿Por qué?
Porque si bien es cierto que los jueces del Supremo son, efectivamente, los guardianes de nuestra Constitución y que, conforme la sección 2 de la Carta de Derechos, el derecho al voto universal, igual, directo y secreto es uno fundamental sujeto a estricto escrutinio judicial, no es menos cierto que curar este caos también requerirá de acción legislativa. El Supremo no tiene facultad para convocar una sesión extraordinaria de la legislatura para que ésta enmiende el calendario electoral. Únicamente la gobernadora tiene el poder para convocar a los cuerpos legislativos a una extraordinaria para fijar nuevas fechas.
Estas crisis hay que resolverla dentro de nuestro marco constitucional. Cueste lo que cueste.
Hacer lo contrario, dinamitar lo poco que queda de nuestro estado de derecho, sería imitar a los mismos corruptos e incompetentes que hoy nos tienen sumidos en el más bochornoso resbaladero moral.