Juramentó al mediodía del 20 de enero (como requiere la Vigésima Enmienda de la Constitución) y en cuestión de horas viró el mundo patas para arriba.
Donald Trump llegó con el cuchillo en la boca.
Blandiendo la pluma con el despotismo que lo hubieran hecho Duvalier, Somoza o Trujillo, el recién juramentado presidente firmó una veintena de órdenes ejecutivas alterando en cuestión de minutos el rumbo de Estados Unidos y su rol en el mundo.
¿Y qué decretó Trump?
Que se acabó el asilo para los inmigrantes indocumentados.
Que el que no se vaya será inmediatamente expulsado.
Que la política de igualdad en el empleo federal, que vio la luz primera en 1965 por mandato del presidente Lyndon Johnson, no vale tres pitos (parafraseando al presidente del Senado).
Que todo empleado federal asignado a administrar programas de diversidad racial y género queda despedido.
Que para el gobierno federal los transgéneros no existen.
Que la ciudadanía por nacimiento se acabó, independientemente del mandato que emana de la Decimocuarta Enmienda.
Que el cambio climático es un embuste.
Que los Estados Unidos ya no forman parte del Acuerdo de París (2020) ni de la Organización Mundial de la Salud.
Que a partir del primero de febrero todo artículo proveniente de México y Canadá pagará un arancel del 25% (en abierta violación al t ratado de libre comercio que él mismo firmó en 2020 con México y Canadá).
Y ni hablar de los productos chinos que podrían enfrentar impuestos de hasta un 60% en los próximos meses.
De toda esta marejada de órdenes y contraórdenes, la que con mayor rapidez llegará al Tribunal Supremo federal será la que pretende eliminar de un plumazo la concesión de la ciudadanía americana por nacimiento en suelo americano (jus soli).
¿Será eso posible? ¿Se saldrá Trump nuevamente con la suya?
Parecería que no.
¿Y por qué?
Porque su lectura de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda es contraria al texto y jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo desde que en 1898 la alta curia federal resolvió el histórico caso de U.S. v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649.
Es ampliamente conocido que los autores de la Decimocuarta Enmienda incorporaron al ordenamiento constitucional americano el antiguo principio del jus solis proveniente del derecho común inglés desde tiempos del rey Eduardo III a mediados del siglo 14.
Era esa la norma dominante en Inglaterra y Europa continental al momento de la fundación de la república americana en 1789. Tan es así que la Francia revolucionaria la mantuvo en vigor. No fue hasta la entrada en escena de Napoleón y su código civil que Francia finalmente adoptó el precepto de jus sanguine (conforme el cual los hijos acceden a la ciudadanía de los padres y no a la del lugar de nacimiento).
¿Y Puerto Rico qué?
Aquí la ciudadanía americana llegó (como en las tribus indias) por la vía estatutaria y no por mandato de la Decimocuarta Enmienda. Cabe resaltar que la Ley Jones de 1917 no estableció en Puerto Rico un régimen de jus solis, toda vez que los extranjeros nacidos aquí a partir de 1917 únicamente podían acceder a la ciudadanía americana a través del proceso de naturalización. No fue hasta 1940 que el Congreso finalmente decretó que toda persona nacida en Puerto Rico en o después del 13 de enero de 1941 (y sujeta a su jurisdicción) será ciudadana americana por nacimiento (es decir por nacer en Puerto Rico).
¿Qué significa todo esto? Que únicamente el Congreso, y no Trump, podría alterar prospectivamente el régimen de ciudadanía americana que opera en Puerto Rico. El despojo retroactivo de la ciudadanía americana de quienes hoy la ostentamos por haber nacido aquí es un imposible constitucional. Y cualquier cambio futuro (sobre la ciudadanía de quienes no han nacido) queda en manos del Congreso y no de Trump.
Y mientras el monarca sin corona de la Casa Blanca decide qué hacer con Puerto Rico, si entregarnos a Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un o al rey Federico de Dinamarca, una cosa queda clara y es que las elecciones sí tienen consecuencias.