Rafael Cox Alomar afirma que “el Tribunal Supremo no nos va a descolonizar”

Cox Alomar pasa revista a la nefasta jurisprudencia de los Casos Insulares, con los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos creó el concepto de territorios no incorporados y validó el poder del Congreso para discriminarlos. Destacó la importancia de querer anular una jurisprudencia racista, aunque advirtió que eso no alteraría la relación colonial.

“El Tribunal Supremo no nos va a descolonizar”, subrayó.

¿De qué trata este libro?

—Esto es un intento de rescatar la memoria histórica. En Sánchez Valle, por ejemplo, los jueces (del Tribunal Supremo de Estados Unidos) intimaron que todo había comenzado en 1898. Pero la realidad es que la historia de Puerto Rico trasciende el 1898, y es una historia muy rica. Es más amplia que la historia de los Estados Unidos. Doscientos años antes de la fundación de los Estados Unidos, ya en Puerto Rico se estaba fraguando una nacionalidad.

¿Cuántas constituciones han regido sobre Puerto Rico?

—Estamos hablando de, más o menos, 10 constituciones… Los primeros 300 años de colonización española fue realmente una colonización absolutista. La primera de ellas fue la Constitución de Cádiz, y allí tuvo una participación destacada el puertorriqueño Ramón Power y Giralt. Muchas de esas constituciones, realmente, en teoría, eran de aplicabilidad a Puerto Rico, pero a nosotros siempre se nos hizo esperar por unas leyes especiales que nunca llegaron… Le puse a este libro ‘Las Constituciones de Puerto Rico’, en plural, para crear un debate porque, realmente, ninguna de esas constituciones fue articulada por el pueblo de Puerto Rico, incluyendo la Constitución del 1952, que fue alterada por el Congreso de forma unilateral.

Sin duda, considera que la Carta Autonómica de 1897 ha sido el documento de mayor avanzada para Puerto Rico.

—El 25 de noviembre, se conmemoraron los 125 años de la Carta Autonómica…. No se podía alterar el contenido de la Carta Autonómica sin el concurso de las cámaras locales, así que había una relación de bilateralidad que faltó en 1952. Así que, por eso, es que yo planteo en este libro que la carta autonómica, sin dudas, ha sido el instrumento jurídico de más avanzada. Fue un experimento que no se pudo implantar.

Pero esa Carta Autonómica todavía permitía al gobernador anular decisiones de la legislatura local.

—Con respecto a la legislación que tuviera que ver con asuntos del reino, pues le daba un poder a ese gobernador de, en algunas instancias, dejar sin efecto la legislación local que tuviera algún tipo de impacto en aquellas áreas que se le reservaban a la corona. Pero lo que tenía que ver con aranceles, en lo que tenía que ver con tratados comerciales locales, en lo que tenía que ver con legislación doméstica para el tema interno de la gobernanza interna, pues Puerto Rico tenía mucho más poder que el que tiene ahora bajo Promesa y su junta de control fiscal.

Mencionó que, bajo España, Puerto Rico se quedó esperando por leyes especiales referentes al trato a la isla. Esas leyes especiales sí llegaron bajo el dominio de Estados Unidos, como la Ley Jones de 1917.

—Llega en el 1917 cuando el presidente (Woodrow) Wilson tiene problemas en América Latina…. Estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Había una necesidad de alguna manera reformar la relación con Puerto Rico. Se adquiere las Islas Vírgenes…es un arreglo geopolítico que hace la administración (de Woodrow) Wilson con el respaldo del Congreso. La Ley Jones hizo dos cosas fundamentalmente. La primera es la concesión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Y la otra es el establecimiento del Senado electivo para Puerto Rico, que entonces crea una legislatura bicameral electiva, por primera vez en la historia de Puerto Rico bajo la bandera americana. Pero al mismo tiempo se le conceden unos poderes adicionales al gobernador…

La Ley Jones lo que hace es una naturalización colectiva.

—Fundamentalmente, se hizo lo mismo que siete años más tarde se hizo con los indios, que es la naturalización colectiva. Lo que sucede es que, en el caso de la Ley Jones, entonces, se abre la puerta para un litigio para determinar si nosotros, entonces, quedábamos incorporados o no incorporados a raíz de la Ley Jones. Esa controversia jurídica quedó abierta por los próximos cinco años… hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Balzac, por la pluma del juez presidente (William) Taft, resuelve con una corte unánime que la concesión de la ciudadanía no era reflejo de que habíamos sido incorporados, que nosotros seguíamos siendo un territorio no incorporado, habitado por ciudadanos americanos, pero que no había ningún tipo de promesa hacia la estadidad…

¿Cuál era el interés de Estados Unidos?

—Esa había sido la práctica histórica de Estados Unidos cada vez que anexó un territorio. En el 1917, cuando se compran las Islas Vírgenes, se les naturaliza inmediatamente. En otras palabras, cómo tú ibas a comprar Islas Vírgenes, naturalizar inmediatamente, pero entonces ibas a dejar a los puertorriqueños fuera. Fue como una suerte de transacción colectiva.

¿Tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, con el envío de puertorriqueños a la guerra?

—Yo creo que esa no fue la única razón. Estados Unidos hubiera prevalecido como quiera sin los puertorriqueños. De hecho, había puertorriqueños que ya participaban del Ejército americano antes de la ley Jones. Y había puertorriqueños que se habían naturalizado ciudadanos norteamericanos desde antes de la Ley Jones, inclusive en tiempos mismos de España. Así que yo no creo que necesariamente fue ese cálculo solamente. Yo creo que fue el entramado de intereses geopolítico que se van dando, que de alguna manera fuerzan a que sea en el 17, pero eso se venía hablando desde mucho antes del 17.

¿Ha sido obstáculo para la soberanía de Puerto Rico?

—Pienso que José de Diego quizás lo resumió mejor cuando planteaba y se oponía a la ciudadanía americana, porque él entendía que iba a convertirse en un obstáculo para la consecución del objetivo final del ‘desideratum’ final que decía José de Diego, que era la soberanía. Yo creo que en ese sentido no se equivocó. La ciudadanía es el tema más complejo en este rompecabezas. Como tú atiendes el tema de estatus de una manera ecuánime, de una manera balanceada, cuando tienes obviamente la ciudadanía por el medio, que es una vinculación bien especial con los Estados Unidos? ¿Cómo descolonizas dentro de ese contexto? Es una pregunta que en el caso nuestro surge. Es una pregunta que no tiene precedente dentro del contexto americano. Si se maneja en el contexto escocés, se maneja en el contexto de Groenlandia, se maneja en el contexto del Caribe holandés, porque dentro de esas estructuras se maneja con más flexibilidad. En el caso del sistema constitucional americano, pues el tema de la ciudadanía se maneja con menos flexibilidad y eso crea una serie de disyuntivas y de controversias que, por ejemplo, no tienes en esos otros contextos.

Destaca en el libro los Casos Insulares. ¿Es real pensar que se puede anular a corto plazo esa jurisprudencia?

—Los Casos Insulares fueron 23 de 1901 a 1922, y resolvieron muchas cosas. Así que habría que ver específicamente qué es lo que se pretende revocar. A mí, me parece que lo que se pretende revocar es la doctrina de la incorporación territorial, que es la que establece que hay dos tipos de territorios, los incorporados y los no incorporados. Ahora, la pregunta fundamental es: ¿si eliminamos esa doctrina mañana, seguimos siendo colonia los puertorriqueños? La contestación es que sí. ¿Si eliminamos esa doctrina mañana, el Congreso dejaría de tener poder plenario sobre Puerto Rico? La contestación es que no. Se ha convertido en una causa célebre la revocación de la doctrina de la incorporación territorial de los casos insulares, pero, desde el punto de vista práctico, pragmático, realmente no resuelve nuestro problema colonial.

Porque seguiríamos bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué se busca, entonces, una expresión de rechazo al contenido racista de la doctrina?

—Es como una suerte de disculpa histórica, como una reivindicación moral. Es como un reconocimiento de que se faltó a la dignidad de un pueblo. Yo creo que es más bien un triunfo simbólico, algo así como lo que pasó cuando el Vaticano, bajo Juan Pablo Segundo, pidió perdón por los excesos contra Galileo. Yo creo que es lo mismo que cuando Estados Unidos pidió disculpas al pueblo hawaiano, cuando le pidieron disculpas al pueblo japonés que había sido encarcelado en los campos de concentración en California durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que más bien una suerte de remediación simbólica, que es importante, como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. El hecho de que el juez Neil Gorsuch, nombrado por Donald Trump, haya planteado, en su opinión de conformidad en el caso Vaello Madero, que hay que acabar con esta doctrina -que se cimenta en el racismo, en las peores tradiciones de una cultura americana-, eso es positivo. Ahora, de que eso vaya a descolonizar por fíat o descolonizar inmediatamente a Puerto Rico, pues eso no es así.

La decisión de anular la jurisprudencia tendría que ir unida a la decisión de acabar con la colonia, porque digo ‘no te disculpes conmigo si me vas a mantener como una colonia’.

—El tema de la descolonización es un tema político. El Supremo no se va a meter ahí. El Tribunal Supremo ha sido sumamente tímido. Fíjate lo que pasó en el caso Fitisemanu de la Samoa americana, el Tribunal Supremo no concedió el recurso de certiorari, y entendiendo que es un asunto político el tema de la ciudadanía. Yo creo que el Tribunal Supremo, en ese sentido, no nos va a descolonizar. Lo que hay que buscar son los consensos, las alianzas políticas a lo interno y lo externo, si es que realmente queremos echar este tema hacia adelante.

El libro se publica con ocasión del 70 aniversario del ELA. ¿Dónde han quedado los avances de esa carta magna?

—La Constitución de Puerto Rico, en su momento, representa los mejores valores. Esa Carta de Derechos es mucho más avanzada que la Carta de Derechos federal. Tiene una libertad de asociación que no existe de forma explícita en la carta federal. Una protección de la dignidad humana de forma explícita en la sección VIII. Una declaración de la inviolabilidad de la dignidad humana en la sección I de la Carta de Derecho. Es un documento rico, amplio, de nueve artículos, con una serie de disposiciones, muchas de ellas de un gran valor. Lo que pasa es que los distintos gobiernos primero violentaron las disposiciones de lo fiscal del artículo seis. El tema de los presupuestos balanceados, la cero tolerancia a la deuda extra constitucional, de la prelación en el orden de los acreedores. El margen prestatario que se establece en la sección II del artículo VI de la Constitución local. Todo eso lo violaron… La Constitución de Puerto Rico no ha evolucionado porque no existen los consensos para lograr la enmienda constitucional. El artículo VII requiere de unos grandes consensos a nivel legislativo para lograr unas enmiendas importantes en nuestro texto constitucional. Y, como aquí nadie se pone de acuerdo para nada que no sea para pelear mutuamente, pues no ha habido una evolución o un progreso con respecto al alcance de esa Constitución en una serie de áreas.

¿Hacia dónde vamos? ¿Habrá espacio para una nueva Constituyente y una asamblea de status? ¿Sería necesario que se celebraran conjuntamente o son objetivos independientes?

—Son objetivos independientes, pero yo creo que hay que descolonizar a lo interno y lo externo. Yo creo que aquí hay que crear los consensos para reestructurar nuestro rompecabezas político, la organización política y nuestras reglas de juego en lo fiscal y en lo económico. Eso se logra remozando la Constitución que tenemos, y entonces, hay que bregar con el tema externo de la descolonización y nuestra relación con los Estados Unidos. No son mutuamente excluyentes, pero no hay que atenderlos al mismo tiempo tampoco. Lo que hace falta son los consensos… El marco del (proyecto) 8393 fue un éxito en el sentido de que se pasó por la comisión, pero se pasó solo con votos (de congresistas) demócratas.

En el libro, usted señala que se necesita dejar atrás la idea de los plebiscitos criollos, que si acaso plebiscitos federales o una Constituyente. Pero, evidentemente, si no llegan los puertorriqueños con un consenso a Washington, no va a ser posible, entiende usted, crear consenso en Washington.

—Es posible que los republicanos no respalden que se incluya la estadidad como una alternativa, pero podemos ir bregando con el tema económico, cabotaje, desarrollo económico, el tema comercial, energía, un montón de temas que, si los puertorriqueños nos uniéramos, tuviéramos más impacto en Washington. Y ese es el problema, lamentablemente, la falta de madurez política para poder atender problemas.