¿Puede el Senado juzgar al expresidente Trump?
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on January 15, 2021
Nos cuenta el historiador romano Cayo Salustio en su obra clásica “La conjuración de Catilina” sobre cómo Catilina, al ser derrotado por Cicerón en su segundo intento por acceder al liderato máximo de la república romana (allá para el año 63 antes de Cristo), lejos de reconocer su derrota se abrazó a la insurrección armada contra la propia Roma.
Descubierto el complot que Catilina había urdido en secreto para derrocar la república por las armas y hacerse con el poder político, compareció Cicerón al Senado y desde allí exclamó: “¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?”
Donald Trump es, a todas luces, el Catilina de nuestros días.
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Y la paciencia de propios y ajenos con Trump se agotó el pasado miércoles 6 de enero, cuando al igual que Catilina se abrazó a la insurrección y al saqueo para perpetuarse en el poder en menoscabo de la propia constitución que juró defender sin importar las vidas que tal chantaje pudiera costar. Tamaño monstruo.
No obstante, la aprobación por parte de la Cámara federal de un nuevo artículo de residenciamiento contra Trump abre una incierta y compleja caja de Pandora.
Las ramas políticas en Washington acaban de entrar en la dimensión de lo desconocido. Allí dónde la brújula constitucional ofrece poca o ninguna certeza.
¿Qué pasa si el juicio contra Trump en el Senado se extiende más allá del 20 de enero? ¿Puede el Senado juzgar a un expresidente? ¿A qué pena se expondría un expresidente a quien ya no se le puede destituir de su cargo? ¿Podría el Senado descalificar a Trump para que jamás pueda aspirar a una posición electiva? ¿Podría el Senado inhabilitarlo por mayoría simple o se requiere mayoría de 2/3 partes de los senadores presentes en la votación?
La Constitución federal no ofrece contestación a ninguna de estas interrogantes.
El texto constitucional únicamente establece que será el Senado el cuerpo político con poder plenario para juzgar todos los residenciamientos (“impeachments”) aprobados por la Cámara de Representantes y que el acusado se expone a dos penas: la destitución y la descalificación perpetua. (Véase Artículo 1, Sección 3, Cláusula final).
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Más aun, el Tribunal Supremo jamás ha contestado ninguna de estas interrogantes porque aún no ha surgido un caso que le obligue a hacerlo. Sin embargo, cabe señalar que conforme la doctrina de la cuestión política difícilmente intervendría el Tribunal Supremo en un juicio de residenciamiento dado que la Constitución le ha delegado ese proceso de forma exclusiva al Senado. (Véase Nixon v. United States, 506 U.S. 224 (1993)).
Por consiguiente, las respuestas a estas preguntas hay que buscarlas en las decisiones que ha tomado el Senado en aquellos juicios de residenciamiento que ha resuelto desde que se fundó la república americana en 1789.
De tales decisiones se desprende que no existe impedimento legal alguno que impida al Senado juzgar a Trump aun después del 20 enero por los delitos que cometió durante su borrascosa presidencia.
Ahí el precedente del juicio que se llevó en 1876 contra William Belknap, exsecretario del Departamento de la Guerra y protegido del presidente Ulises Grant.
Acusado de corrupción, Belknap fue juzgado aun después de haber renunciado a su posición. En una votación de 37 a 29 el Senado de entonces resolvió que tenía autoridad para juzgar a exfuncionarios.
De igual forma, el Senado ha resuelto que las penas de destitución y descalificación son distintas y divisibles, es decir, que no hay que atenderlas simultáneamente. Se puede descalificar, aun cuando no se pueda destituir.
Ahí el caso del juez federal West Humphreys, quien al igual que Trump se amotinó contra el gobierno federal entonces bajo la presidencia de Abraham Lincoln, y resultó destituido en 1862. Entonces el Senado resolvió que la destitución y la descalificación requieren votaciones por separado.
En las dos ocasiones en las que el Senado ha descalificado funcionarios a perpetuidad lo ha hecho por mayoría simple.
Ahí el caso del corrupto juez federal Robert Archbald, quien en 1913 fue descalificado por mayoría simple en el Senado en una votación de 39 a 35.
Indistintamente de lo que el Senado finalmente decida en las próximas semanas, una cosa sí es cierta: para Trump la suerte está echada.
Desde ya detenta la innoble distinción de ser el presidente más ruin y deleznable que Estados Unidos jamás haya tenido.