Caía la tarde del 28 de abril de 1979. Un joven cubano de 26 años exiliado en Puerto Rico iba camino a la casa de su madre en Guaynabo. Antes de llegar, lo interceptó otro vehículo desde donde le dispararon nueve tiros. La víctima fatal era Carlos Muñiz Varela, presidente de la agencia “Viajes Varadero”, dedicada a organizar excursiones a la Cuba castrista en plena Guerra Fría.
Igual suerte había corrido, tres años antes, otro joven izquierdista de nombre Santiago Mari Pesquera (hijo de Juan Mari Brás), cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada del 25 de marzo de 1976 con una bala en la cabeza.
Casi medio siglo después ambos asesinatos políticos continúan impunes. Sus autores intelectuales y materiales andan por la libre aun cuando en Puerto Rico el delito de asesinato no prescribe. Ahora que Donald Trump ordenó a la CIA y FBI entregar todos los documentos relativos a los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., urge que esas mismas agencias de inteligencia que por tanto tiempo han rehuido revelar la verdadera identidad de los asesinos de Muñiz Varela y Mari Pesquera finalmente hagan lo correcto.
Destapar esa cloaca supondrá zambullirnos en el sangriento campo de batalla que fue Puerto Rico durante la década del 70 y principios del 80: ahí el asesinato a sangre fría de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, en el Cerro Maravilla, a manos de la Policía, el 25 de julio de 1978; la desaparición del líder nacionalista Julio Pinto Gandía (18 de septiembre de 1976), el asesinato en El Condado, a manos de un comando socialista del abogado Alan Randall (22 de septiembre de 1977), acusado de ser agente de la CIA; el atentado con explosivos en la Plaza de Mayagüez, antes de un mitin del Partido Socialista con el saldo de dos muertos (11 de enero de 1975); el contraataque con explosivos en Wall Street, en represalia a lo sucedido en Mayagüez (24 de enero 1975); la detonación de una bomba en el coliseo Roberto Clemente, durante un juego de baloncesto en que competía la delegación cubana (16 de septiembre de 1973); la explosión en el New York Hilton, donde se hospedaba el gobernador Rafael Hernández Colón (21 de septiembre de 1976); el ataque a la Base Área Muñiz, perpetrado por los Macheteros el 11 de enero de 1981 y el atraco a la Wells Fargo, registrado el 12 de septiembre de 1983, son solo algunas de las batallas que se libraron en aquella guerra de estado que cobró las vidas de Muñiz Varela y Mari Pesquera.
Esa fue la época del détente urdida con astucia por Richard Nixon y Henry Kissinger.
Sobre la América Latina caía la cortina de hierro de la dictadura militar: Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973) y Argentina (1976).
En Cuba se afianzaba el comunismo definitivamente con la proclamación de la Constitución de 1976. Mientras, en Haití y República Dominicana se fortalecía el duvalierismo y el balaguerismo. En Puerto Príncipe, Jean Claude Duvalier había sucedido a su padre en 1971. En suelo dominicano, por otro lado, el presidente Joaquín Balaguer gozaba del más absoluto poder, particularmente luego del retraimiento de la oposición en las elecciones de 1970 y 1974. En Jamaica, el primer ministro Michael Manley, de abierta tendencia socialista, había ganado las elecciones de 1972 y 1976 en medio de una sangrienta ola de violencia. Puerto Rico entraba en crisis económica, se disparaba la deuda pública, se iba afianzando el bipartidismo y la corrupción. Además, las contradicciones del régimen colonial se hacían más evidentes.
Ahí algunas de las piezas del complejo rompecabezas geopolítico de la década del 70 que sirvió de telón de fondo a estos dos asesinatos.
El reclamo de justicia para Muñiz Varela y Mari Pesquera no conoce de banderías políticas. Tan es así que hoy se encuentran del mismo lado Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortés y Thomas Rivera Schatz (véase Resolución 46 del Senado) exigiendo el esclarecimiento de ambos asesinatos.
Llegó la hora de destapar las cloacas de nuestro pasado, parte impostergable de nuestra agenda inconclusa.