Cuenta la leyenda que el 13 de abril de 1655, con escasamente 16 años, Luis XIV se dirigió a los altos mandos de la nobleza francesa reunida en una sesión del Parlamento de París con las siguientes palabras: “L’ État c’est moi” (“El Estado soy yo”).
Desde ese momento el joven rey, quien apenas llevaba tres años en el trono al cual había accedido de forma accidentada, luego de la prematura muerte de su padre Luis XIII y del fin de la regencia de su madre Ana de Austria, no cejaría en su empeño de convertirse en la personificación misma del más absoluto poder.
En el caso de Luis XIV la historia y las circunstancias conspiraron para hacer de su tránsito a la cima del absolutismo uno despejado de obstáculos. Ya los cardenales Richelieu y Mazarino se habían encargado de hacer el trabajo sucio, masacrando militarmente a los protestantes en La Rochela (1628) y aplastando decisivamente la sublevación encabezada por algunos de los más importantes nobles en La Fronda (1648). (Nótese que Alejandro Dumas inmortalizó ambos episodios en “Los tres mosqueteros” y “Veinte años después”). Y así, sin oposición religiosa ni política, y con la nobleza presa de la opulencia y fastuosidad de Versalles, el mundo conocido se postró a los pies del rey sol.
Cuatrocientos años más tarde es Donald Trump quien insiste en conjurar el obsoleto fantasma del absolutismo pero (distinto a Luis XIV) dentro del marco del constitucionalismo americano.
¿Será posible tal pretensión?
Eso pronto lo decidirá el Tribunal Supremo federal. Sin embargo, a juzgar por lo que ocurrió en la vista de argumentación oral del pasado jueves, todo tiende a indicar que Trump volverá a salirse con la suya (aunque sea parcialmente). Como se sabe, contra Trump corren hoy a la vez cuatro casos criminales, dos a nivel federal (en Florida y Washington DC) y dos a nivel estatal (en Nueva York y Georgia). Con respecto a la acusación federal en Washington DC por su participación en la insurrección del 6 de enero de 2021(que incluye cargos por obstrucción a la justicia, conspiración, fraude), Trump alega que a él no se le puede juzgar por ninguna de las acciones que tomó entre el día de la elección (3 de noviembre de 2020) y su último día en la Casa Blanca (20 de enero de 2021).
¿Y por qué?
Porque, según Trump, todas sus acciones postelectorales fueron de naturaleza “oficial,” y por consiguiente protegidas por la más absoluta inmunidad. ¿Pero si se determinará que sus acciones postelectorales fueron de carácter “privado” también gozarían de inmunidad absoluta? ¿Cómo distinguir entre lo “oficial” y lo “privado”? ¿Cuándo desde Casa Blanca Trump llamó por teléfono al secretario de estado de Georgia o al speaker de la Cámara de Representantes de Arizona para (falsamente) alegar fraude e intentar detener la certificación de Biden como presidente electo esas fueron acciones “oficiales” o “privadas”? ¿Si a Kennedy y Obama nadie los encausó criminalmente por haber ordenado los asesinatos de Fidel Castro y Osama Bin Laden (respectivamente) por qué ahora se acusa a Trump cuando a Kennedy y Obama nunca se les acusó?
Porque lo de Kennedy y Obama fueron acciones oficiales de seguridad nacional tomadas en el ejercicio de la presidencia (y con la anuencia el Congreso), y lo de Trump fueron acciones privadas con fines estrictamente personales para perpetuarse en el poder a sabiendas de que había perdido las elecciones. Únicamente las acciones oficiales del presidente gozan de inmunidad absoluta. No así sus acciones privadas.
A juzgar por las preguntas de los jueces, todo apunta a que la mayoría conservadora en el Supremo federal (incluyendo al juez presidente Roberts) está considerando seriamente revocar a la corte de apelaciones y devolverle el caso para que escudriñen cada una de las acciones postelectorales que tomó Trump a ver cuáles fueron “oficiales” y cuales “privadas.” Lo que significa la parálisis inmediata de los casos federales contra el expresidente y una gran derrota para el fiscal Jack Smith.
¿Y cómo quedaría Trump?
Como el Luis XIV de Mar-a-Lago, al menos por ahora.