La obligación impostergable de descolonizar a Puerto Rico
(El autor dictó la siguiente conferencia el 12 de julio de 2018 en Casa de América, en Madrid).
I. Agradecimiento e Introducción
Constituye, pues, un alto honor comparecer ante ustedes en un momento tan decisivo en la vida de la que fue, junto a Cuba, la posesión colonial española más antigua en las Américas. Y es que la vida de Puerto Rico discurre hoy por una compleja e incierta encrucijada.
Conversar sobre Puerto Rico es justo y necesario en la hora actual, y hacerlo desde este Palacio de Linares lo hace aún más pertinente; siendo este sede de uno de los foros iberoamericanos de mayor relieve internacional — curtido al calor de los trabajos de la histórica II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno presidida, a la sazón, por Su Majestad El Rey Emérito Don Juan Carlos de Borbón.
Más aún, la indisolubilidad de aquellos lazos históricos, lingüísticos, culturales, sociológicos e inclusive económicos que vinculan a Puerto Rico con España — indisolubilidad que en sí misma constituye un hecho no sujeto a rectificación histórica — provee el telón de fondo obligado a este aleccionador encuentro.
II. El redescubrimiento del caso de Puerto Rico
Muy posiblemente, el caso de Puerto Rico no había cobrado tanta notoriedad en la prensa española, europea e internacional desde que en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Tratado de París de 1898 la España de María Cristina de Habsburgo y de Práxedes Mateo Sagasta le cedió el archipiélago puertorriqueño (junto a Las Filipinas y Guam) a los Estados Unidos.
Ni siquiera el atentado perpetrado en 1950 por el nacionalismo puertorriqueño, contra la vida misma del presidente Truman, logró conmocionar con igual intensidad la opinión pública internacional como la quiebra del gobierno de Puerto Rico.
La aguda crisis fiscal por la que hoy atraviesa Puerto Rico, agravada de forma decisiva por el asolador paso del devastador huracán María, trae a la superficie no solo las deficiencias sistémicas de una economía en picada, sino además la caducidad de un arreglo político con Washington, a todas luces anacrónico y colonial que ni le sirve bien a Puerto Rico ni tampoco a los nuevos y complejos intereses geopolíticos de Washington en la América Latina contemporánea.
III. Ante la más compleja encrucijada de nuestros tiempos
Nos encontrábamos sumidos en la crisis más aguda de nuestros tiempos. Y de repente llegó el huracán María y nos remató.
Según las propias cifras del gobierno puertorriqueño, el demoledor paso de María desembocó en una contracción del 11% de nuestra ya maltrecha economía. (Fuente: Centro para la Nueva Economía “Plan Fiscal 3.0” de 11 de marzo de 2018).
Y digo maltrecha porque desde 2006, como ya el mundo entero conoce, nuestro producto nacional bruto (GNP) se ha contraído en cerca de un 14%; porque nuestra tasa de participación laboral apenas alcanza el 40%; porque en la última década más de 300,000 puertorriqueños han salido del país precisamente a raíz de la debacle económica; porque durante ese mismo periodo nuestra población estudiantil ha disminuido en un 40%; porque hoy el 45% de los puertorriqueños vive bajo los niveles de la pobreza (según computados por el gobierno de los Estados Unidos). (Fuente: Informe del Gobierno de Puerto Rico de 24 de enero de 2018 a la pág. 8).
Ni las habituales recesiones decimonónicas bajo las erráticos reinados de Fernando VII y sus descendientes; ni la devaluación intencional por parte del gobierno militar norteamericano de la moneda circulante en Puerto Rico al momento de la invasión de 1898; ni los huracanes San Ciriaco de 1899 y San Felipe de 1928; ni los estragos de la Gran Depresión; ni la crisis petrolera de los 70; ni las recientes distorsiones económicas a raíz del 9/11 y de la crisis de la euro zona y de las “subprimes” nos prepararon para lo que hoy enfrentamos.
A dos años de que el Congreso de los Estados Unidos pasara legislación autorizando la puesta en marcha de un puntilloso proceso de restructuración de deuda para Puerto Rico (con la firma por parte del ex presidente Obama del “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” (PROMESA)), acompañado del nombramiento de una junta de control fiscal designada unilateralmente por Washington e investida de poderes omnímodos para regentear la vida puertorriqueña en contraposición del sagrado principio de gobierno por consentimiento de los gobernados, ha sido poco o nada lo que se ha logrado.
No ha habido ni reestructuración de la deuda, ni reforma estructural ni mucho menos potenciación de las variables que podrían encender nuestro motor económico, como demuestra la virtual parálisis de nuestra infraestructura energética y el despedazamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (monopolio energético público con más clientes, más deuda y más ineficiencia que cualquier otro en el sistema norteamericano).
En fin, el Congreso anda por un camino, la Junta por otro y el gobierno local anda en búsqueda del suyo propio.
Tan es así, que este pasado 5 de julio de 2018, el gobierno de Puerto Rico demandó a la Junta de Control Fiscal en el tribunal federal de los Estados Unidos alegando que la Junta está “usurpando ilegalmente los poderes que le asisten al gobierno local para articular política pública sobre los asuntos de gerencia interna de la isla”. Por lo que le solicita al tribunal federal la concesión de orden paralizando los intentos de la Junta por desplazar las ramas políticas locales en la confección del presupuesto insular.
¿Y dónde está el tranque?
El tranque estriba en que, al día de hoy, no ha habido la voluntad política ni en Puerto Rico ni en Washington para articular un proyecto de desarrollo económico y social amplio e incluyente, que de forma justa y balanceada logre distribuir las obligaciones, las cargas y los privilegios entre todos los sectores que componen la vida ciudadana puertorriqueña conforme lo que cada cual pueda genuinamente aportar.
El 29 de marzo de 2018, en carta dirigida al presidente de la Junta, el congresista Rob Bishop (R-Utah), presidente de la Comisión de Energía de la Cámara federal (comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico), fue enfático al señalar su frustración con la lentitud de la Junta y, en específico, con su inefectividad para lograr acuerdos consensuales entre el gobierno y sus múltiples acreedores. (Véase carta Bishop a la pág. 1).
La Junta, por su parte, le ha exigido al gobierno de Puerto Rico que le dé paso en la Legislatura a la reforma laboral (que incluye la derogación de la Ley 80 sobre protección contra despido injustificado de empleados de la empresa privada, la eliminación del bono de Navidad, la reducción de días por vacaciones y enfermedad); que reduzca en un 10% los beneficios de los pensionados; que corte drásticamente la nómina gubernamental; que deje sin efecto el tope al arbitrio de la gasolina; que suba el precio de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, entre muchas otras medidas de austeridad. (Véase carta Carrión III al gobernador de 28 de marzo de 2018).
Y el gobierno de Puerto Rico va al contraataque contra la Junta: sosteniendo que es al gobernador a quien le corresponde articular la política pública del gobierno. Y de paso envía en misión suicida una comisión compuesta por miembros de su propio partido político a Washington en busca de la anexión de Puerto Rico como estado de la Unión norteamericana en plena era de Trump.
La carta de Bishop, no obstante, amerita mayor ponderación no tanto por lo que le dice a la Junta, sino más bien por lo que intima sobre los poderes constitucionales que le asisten al Congreso en su manejo de la crisis puertorriqueña.
Y es que la carta de Bishop, tal cual PROMESA e inclusive el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, (decidido por el Supremo federal en junio de 2016), trae a la superficie los obstáculos jurídicos que hoy se interponen en nuestro camino.
Cuando en su carta Bishop le recuerda a la Junta: “you have been delegated a statutory duty to mandate any reforms,” a lo que está haciendo alusión es a la cláusula territorial de la Constitución federal y, en específico, a los poderes plenarios u omnímodos que de ella emanan. (Véase carta Bishop a la pág. 1)
Es ese marco jurídico, apuntalado por los anticuados y desacreditados Casos Insulares resueltos por el Tribunal Supremo federal en 1901, el que sirve de base para (a los ojos de las ramas políticas en Washington) legitimar el silenciamiento del pueblo puertorriqueño.
Tal y como sucedió en 1898, al momento de la negociación del Tratado de París, el pueblo de Puerto Rico sigue siendo hoy mero espectador silente sobre las decisiones que inciden directamente sobre su destino.
IV. Dimensión política de la crisis económica: La agenda descolonizadora
Y es que la quiebra dejó al descubierto la innoble condición colonial de Puerto Rico. Cuando el pasado 30 de junio de 2016, el expresidente Obama firmó el “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA) atrás quedaron desmentidas todas las representaciones que para sacar a Puerto Rico del listado de colonias había hecho la delegación norteamericana ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en tiempos de Truman y Eisenhower, a los efectos de que Puerto Rico bajo su nueva constitución de 1952 había advenido a una nueva dimensión del federalismo norteamericano — cimentado sobre un arreglo alegadamente no-colonial, sobre la base de una relación bilateral no sujeta a modificación sin el consentimiento mutuo del Congreso y del pueblo puertorriqueño.
Hoy sabemos, por admisión propia de los Estados Unidos, que la fantasía del Camelot puertorriqueño nunca existió; que tal bilateralidad jamás fue real y que el Congreso sigue teniendo poder unilateral sobre Puerto Rico — el mismo que ha venido detentando a la luz del Artículo 9 del Tratado de París de 1898 (“Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.”)
Pero muy a pesar de su mea culpa, Washington no hace nada para cumplir con la obligación jurídica que le impone el Derecho Internacional de descolonizar a Puerto Rico, particularmente cuando tan reciente como el 6 de noviembre de 2012 el 54% del electorado puertorriqueño rechazó contundentemente la actual condición de subordinación colonial de la isla y el secretario general Ban Ki-moon anunció desde Managua en mayo de 2016 que la erradicación del colonialismo constituye hoy uno de los objetivos más apremiantes de la agenda política de Naciones Unidas de cara al 2020.
Hoy cuando los Estados Unidos se encuentran en abierta violación, por admisión propia, de los artículos 2, 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas (ratificada por el Senado federal el 28 de julio de 1945); al igual que de las Secciones 1(1) y 1(3) de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificada por el Senado federal el 8 de junio de 1992) y luego de 4 décadas de resoluciones anodinas por parte del Comité Especial de Descolonización, se hace impostergable que como pueblo le exijamos a la Asamblea General de Naciones Unidas que asuma su responsabilidad moral y jurídica para con la nación puertorriqueña.
Tal exigencia debería venir acompañada de la elevación del caso de Puerto Rico a la Corte Internacional de Justicia para que el máximo órgano jurídico de Naciones Unidas, conforme su autoridad para emitir opiniones consultivas (dado que Puerto Rico por su condición colonial no tiene legitimación activa para iniciar una acción legal en ese foro y que Washington revocó en 1986 su consentimiento para reconocer la jurisdicción compulsoria de La Haya sobre procedimientos contenciosos) contribuya a apuntalar el rumbo de la descolonización puertorriqueña.
Distinto a lo que algunas voces puedan sugerir, la alegada no autoejecutabilidad de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos con respecto a los tribunales domésticos norteamericanos no exime a las ramas políticas en Washington de su obligación internacional.
La estrategia, no obstante, no puede limitarse simplemente a la reinscripción indefinida de Puerto Rico en el listado de colonias de Naciones Unidas. El modelo de Nueva Caledonia y la Polinesia francesa, ambas reinsertadas en el listado de colonias en 1986 y 2013, respectivamente, no es opción para Puerto Rico. Si bien es cierto que la inclusión de Puerto Rico en el listado de colonias obligaría a los Estados Unidos a rendirle cuentas al mundo sobre sus acciones u omisiones en la isla, el paso quedaría trunco si no viene acompañado del desdoblamiento de un mecanismo de autodeterminación vinculante, sujeto a un calendario específico, bajo la supervisión de la comunidad internacional. La abyecta desnudez de la colonia despeja el camino hacia la internacionalización del caso de Puerto Rico. Urge elevar nuestro caso al escenario global.
¿Y por qué? Porque la dilucidación de nuestro destino no constituye únicamente un asunto doméstico circunscrito a la política territorial norteamericana. El nuestro es un desafío no menos global que el del Tíbet, Crimea, Hong Kong, Sahara Occidental o Palestina. Y la consecución de esa misión histórica de internacionalización requerirá, entre otras cosas, de una fértil a la que vez que sosegada estrategia política que rebase las fronteras insulares de Puerto Rico. Articular dicho entramado estratégico, a la vez que acometer su ejecución constituye, pues, carretera central para comenzar a crear en Puerto Rico un nuevo orden de las cosas, sobre la base de la auto-sustentabilidad, la dinamización de la economía y la dignidad política.
V. Conclusión
A 120 años del Tratado de París, y luego de una agobiante espera de más de 200 años por aquellas “leyes especiales para ultramar” comprendidas en las constituciones españolas de 1837, 1845 y 1876, que nunca vinieron, luego del desengaño de la efímera Carta Autonómica de 1897, y de la perpetuación del coloniaje bajo los 120 años de presencia norteamericana, se impone, pues, la obligación impostergable de descolonizar. Es precisamente sobre las coordenadas de esa lucha que se le va la vida a la civilización puertorriqueña del presente y del porvenir.
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on July 12, 2018.