La intensa animosidad entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la prensa ha desembocado hoy en lo que augura ser una de las batallas legales más agrias, pero necesarias, de los últimos tiempos.

¿Y de qué trata?

Sobre si la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y en específico la libertad de prensa allí consagrada, es hoy letra muerta o si, por el contrario, aún constituye baluarte infranqueable de nuestra democracia.

Resulta que el pasado miércoles, 7 de noviembre, envalentonado por lo que a todas luces fue una clara demostración de fuerza política en las elecciones de medio término acaecidas el día anterior, el presidente Trump tomó represalias contra Cable News Network (CNN) y Jim Acosta (su principal corresponsal en la Casa Blanca) a raíz de una línea de preguntas que el periodista le hizo en una conferencia de prensa ese mismo día.

¿Y de qué trataban esas preguntas?

Sobre la política de inmigración de la administración Trump. En específico, Acosta le preguntó al presidente si había sido propio de su parte demonizar a los inmigrantes ilegales con tal de aglutinar su base política e influenciar el resultado electoral. Disgustado con el tenor de las preguntas, Trump pidió que se le arrebatara el micrófono a Acosta.

A raíz de ese incidente, la Casa Blanca canceló la credencial periodística de Acosta para cubrir la Casa Blanca. Entonces, el periodista quedó excluido por el mero hecho de hacer su trabajo y hacerlo bien.

Así las cosas, CNN y Acosta radicaron una demanda contra el presidente Trump este pasado martes, 13 de noviembre, en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Columbia, argumentando que las acciones de Trump constituyen una clara violación de la libertad de prensa.

Tanto CNN como Acosta le solicitan al tribunal (entre otras cosas) la devolución de la credencial periodística de este último (conocida como “Secret Service hard pass”) y su reinserción al grupo de periodistas de distintos medios que a diario cubre la Casa Blanca.

¿Tienen razón CNN y Acosta?

Definitivamente que sí.

¿Por qué?

Porque el texto y el espíritu de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, conforme lo ha interpretado el Tribunal Supremo, es claro y contundente: “El Congreso no aprobará ninguna ley […] que coarte la libertad […] de prensa.”

Tal prohibición abarca no solo legislación proveniente del Congreso, sino cualquier medida o acción proveniente de las ramas ejecutiva y judicial.

En nuestro ordenamiento, tal y como anunció el Tribunal Supremo federal en The New York Times v U.S., 403 U.S. 713 (1971), las autoridades gubernamentales no podrán tomar represalias contra la prensa simplemente porque no les agrade el contenido de la noticia.

El gobierno no detenta poder para discriminar contra los medios de comunicación en función del contenido delo que el medio decide informarleal país.

No se equivocó entonces el juez asociado Hugo Black, cuando en su opinión de conformidad en The New York Times v U.S., advirtió “la prensa está ahí para servirle al pueblo, no a sus gobernantes”.

Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on November 14, 2018.

Rafael Cox Alomar

Rafael Cox Alomar