¿Cárcel para Donald Trump?
Al bravucón de la Casa Blanca se le está llenando el cuarto de agua, y bien rápido. Ahora que es un hecho consumado que Paul Manafort (su director de campaña) y Michael Cohen (su abogado personal) van directo para la cárcel, comienza a despejarse en Washington la posibilidad real de que estemos a las puertas del procesamiento criminal del presidente.
Aun partiendo de la premisa que la convicción de Manafort y la alegación de culpabilidad de Cohen no guardan relación directa con la investigación del fiscal especial independiente Robert Mueller sobre la alegada conspiración urdida por Trump y su equipo con la inteligencia rusa para manipular el resultado de la elección presidencial de 2016, resulta innegable que las admisiones de Cohen, a los efectos de que fue Trump quien le ordenó falsificar documentos bancarios para conseguir el dinero con el cual comprar el silencio de sus amantes Stormy Daniels y Karen McDougal, ponen al presidente en serios aprietos.
De ser así, Trump habría sido el autor intelectual de la comisión de delito grave y con sus acciones y omisiones posteriores, muy posiblemente, habría incurrido en obstrucción de la justicia, lo cual constituiría un delito grave adicional.
Y mientras el hacha va y viene, y Mueller continua con una investigación que ya ha llevado a la convicción de Michael Flynn (ex asesor de seguridad nacional de Casa Blanca), Richard Gates, Alex van der Zwaan, George Papadopoulos, Richard Pinedo y 25 nacionales rusos provenientes del mundo del espionaje, el futuro de Trump luce cada día más incierto.
Así las cosas, en Washington ya comienza a aflorar el debate inconcluso que surgió en tiempos de Watergate, y que luego emergió otra vez durante la saga Clinton-Lewinsky, sobre si un gran jurado federal puede acusar de delito grave al Presidente de los Estados Unidos.
En otras palabras, ¿qué pasa si el liderato republicano se niega a darle paso a un proceso de residenciamiento contra Trump? ¿Podría Mueller acudir al gran jurado federal para que se acuse a Trump de delito grave?
Si bien es cierto que la Constitución federal en ninguna de sus disposiciones le otorga inmunidad al presidente, no es menos cierto que el Departamento de Justicia federal ha establecido que como cuestión de política pública no acusará criminalmente al presidente mientras dure su mandato, por entender que tal acción contravendría el principio constitucional de la separación de poderes. Y aunque tal interpretación, errada a mi entender e inicialmente enunciada en 1973 por el entonces procurador general Robert Bork y luego refrendada en octubre de 2000 al finalizar la presidencia de Clinton, aún no ha sido sometida al escrutinio del Tribunal Supremo no es menos cierto que le ata las manos a Mueller. El mandato de Mueller está supeditado a la política pública de Justicia. Su incumplimiento de dicha política constituiría justa causa para su propia destitución. En apretada síntesis, todos loscaminos conducen al Congreso y a la elección de medio término del 6 de noviembre. De lo que allí suceda dependerá no solo la suerte de Trump sino la solvencia moral de los Estados Unidos de América.