Banquete total. La mesa está servida. El Partido Nuevo Progresista (PNP) controlará más de dos terceras partes de los escaños de la Cámara de Representantes y el Senado. El voto por correo (maculado por múltiples irregularidades) cumplió su cometido. Salvó del desempleo a toda una ristra de candidatos penepés, quienes de otra manera hubieran quedado de patitas en la calle.
Con el voto adelantado bajo el brazo, el PNP sofocó la rebelión aliancista en los cinco distritos representativos de San Juan. Derrotó a los representantes populares Ángel Matos (portavoz), Jesús Santa (presidente de la Comisión de Hacienda) y Ramón Luis Cruz (Distrito 34). Le sacó del buche a la Pava las alcaldías de Cidra, Maunabo, Peñuelas y Santa Isabel. Y tiene tambaleando a los representantes populares José “Conny” Varela (vicepresidente), Luis “Narmito” Ortiz (Distrito 30), Joel Sánchez (Distrito 20) y a los senadores populares Migdalia González (Mayagüez) y Ramón Ruiz (Ponce).
¿Y ahora qué?
Ahora es que cobra importancia lo que comúnmente se conoce como la “ley de minorías”.
¿Y qué es eso?
El mecanismo (de la autoría de Luis Negrón López) que establece la Sección 7 del Artículo III de la Constitución la cual dispone que cuando en una elección un solo partido (en este caso el PNP) gana más de dos terceras partes de los escaños en la Cámara (35 representantes o más) y/o el Senado (19 senadores o más) se aumentará el número de legisladores de los partidos minoritarios hasta que el número total de estos últimos alcance nueve en el Senado y 17 en la Cámara.
¿O sea que los legisladores populares que fueron derrotados en las elecciones entrarán por adición?
No.
¿Por qué?
Porque Jesús Manuel Ortiz llegó tercero y la Constitución requiere que la distribución de los escaños adicionales se haga en proporción al número de votos que sacó el candidato a gobernador de cada partido de minoría y como Juan Dalmau sacó más votos que el candidato popular serán los candidatos a la legislatura del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y no los de la Pava quienes accederán a Cámara y Senado.
¿Y los candidatos derrotados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) entrarán por adición?
No.
¿Por qué?
Porque el Código Electoral establece que ningún partido de minoría tendrá derecho a legisladores adicionales bajo la Sección 7 del Artículo III de la Constitución cuando su candidato a gobernador obtiene menos del 3% de los votos.
¿Y es constitucionalmente viable la petición que Ana Irma Rivera Lassén le ha hecho al PIP para que le ceda a Victoria Ciudadana uno de sus escaños adicionales?
Pareciera que no.
¿Por qué?
Porque a pesar de que la Constitución establece que los legisladores que ocupan escaños adicionales serán considerados “para todos los fines” senadores o representantes por acumulación y de que es a los partidos a quienes corresponde llenar las vacantes de escaños por acumulación, en Rivera Schatz v. PPD (2012), el Apelativo sentenció que tales vacantes se llenarán con el candidato que le siga en número de votos al legislador por adición renunciante. Por tanto, el PIP no podría, conforme la sentencia del Apelativo, satisfacer el pedido de Rivera Lassén.
¿Y qué ha dicho Tribunal Supremo?
Por lo pronto nada, pero no es difícil suponer que la mayoría del máximo foro acogerá como suya la tesis del Apelativo, y su acrobática lectura de la interacción entre las Secciones 7 y 8 del Artículo III, con tal de cerrarle el paso a cualquier componenda entre el PIP y el MVC.
¿Y es políticamente viable la súplica de Rivera Lassén?
Parecería que tampoco.
¿Por qué?
Porque no existe razón alguna para desconocer los miles de votos que Adrián González y Adriana Gutiérrez ganaron a fuerza de sacrificio, tesón y valentía. Y porque después del mal sabor que dejó la renuncia forzada del entonces senador por Arecibo Víctor David Loubriel para dejarle su silla a Pedro Rosselló, luego de la derrota de este último a la gobernación en 2004, sería un grave error transitar por esa bochornosa ruta.
Aclarado este punto.
¿Qué es lo próximo?
Escudriñar el gabinete entrante.
Activar el busconómetro.
Y fiscalizar.
Con todas las fuerzas.