Boston volvió a hablar
Published in El Nuevo Día: Tribuna invitada on April 19, 2020
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston le ha vuelto a poner el dedo en la llaga a la triste e indigna condición colonial de Puerto Rico.
¿Y qué dijo Boston en United States v. Vaello-Madero?
Que la negativa del Congreso a extenderle a los puertorriqueños residentes en la isla los beneficios del Seguro Social Suplementario (en adelante “SSI”), por el mero hecho de vivir en Puerto Rico, es inconstitucional.
¿Y qué es el SSI?
Es un programa federal de asistencia económica para personas de escasos recursos, ciegas, discapacitadas o mayores de 65 años. Si Puerto Rico participara del SSI, miles de puertorriqueños recibirían mensualmente entre $733 y $1100 adicionales a lo que ya perciben.
¿Y por qué Boston declaró que la exclusión de Puerto Rico del SSI es inconstitucional?
Porque viola el mandato constitucional que emana de la Cláusula de la Igual Protección de las Leyes contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución federal.
¿Y qué establece dicha disposición constitucional?
Que el Congreso, en lo concerniente a legislación socioeconómica, no podrá establecer clasificaciones arbitrarias o irracionales que no persigan un objetivo legítimo.
¿Y qué quiere decir esto?
Que, tal y como intima el Primer Circuito, la excusa histórica que ha esbozado el Congreso para excluir a Puerto Rico del SSI es a todas luces arbitraria e irracional y no se sostiene.
¿Y cuál es esa excusa?
Que a diferencia de los residentes de los 50 estados de la Unión y del Distrito de Columbia, los puertorriqueños que residen aquí ni pagan contribuciones federales ni aportan gran cosa al Tesoro federal y, por consiguiente, son inelegibles para beneficiarse del SSI.
¿Y se sostiene tal excusa?
Conforme la decisión de Boston no se sostiene.
¿Y por qué?
Porque, como sugiere el Primer Circuito, de los números del propio IRS se desprende que todos los años el Tesoro federal recibe más dinero de Puerto Rico, por concepto de contribuciones, que de varios estados cuyos residentes sí se benefician del SSI (Vermont, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana y Alaska). Y, naturalmente, Puerto Rico aporta mucho más que las Marianas del Norte al Tesoro federal, cuyos 55 mil residentes sorprendentemente también son beneficiarios del SSI.
¿Y ahora qué?
Ahora todos los caminos conducen al Supremo federal (a menos que el Circuito en banc revoque al panel de Torruella, Howard y Thompson).
¿Pero intervendrá el Supremo en este caso?
Muy posiblemente.
¿Y por qué?
Por varias razones. Primero, porque Boston, tal y como hizo en Aurelius v. Puerto Rico, nuevamente (y con razón) le ha virado la tortilla al Congreso, trastocando la política pública congresional con respecto a la administración de uno de los programas más importantes y costosos al palio del Social Security Act.
Segundo, porque la Administración Trump, a través de su procurador general, le va a solicitar al Supremo que expida el auto de certiorari en este caso, dadas sus hondas (y recurrentes) implicaciones presupuestarias.
Tercero, porque con su determinación Boston (aunque rehúya admitirlo) ha echado por tierra las decisiones del propio Supremo federal en Califano v. Torres, 435 U.S. 1 (1978) y en la tan mentada Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980) — en donde la Corte Burger, por encima del valiente y solitario disenso del juez Thurgood Marshall, resolvió que el Congreso en el ejercicio de sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial detenta autoridad para tratar a Puerto Rico distinto a los estados en programas de asistencia.
Y cuarto, porque la timorata Corte Roberts (que ya descubrimos en la argumentación oral de Aurelius v. Puerto Rico no tiene apetito para meterle el diente a los Casos Insulares) no le va a dar paso a la descolonización de Puerto Rico por fíat judicial.
Así las cosas, la próxima batalla en el Supremo federal está casada.